INVERSION EXTRANJERA Y EL TEMA DE LAS TARIFAS ELECTRICAS

Por: Alejandro E Martínez Cuenca ,Ph.D

El Gobierno del Dr. Arnoldo Alemán privatizó la distribución de energía en todo el territorio nacional, era entonces una necesidad para que su gobierno pudiese cumplir los compromisos que éste había contraído con los Organismos Internacionales, en el marco de poder acceder al programa del HIPC. Antes de ello, se había elaborado una ley de energía que la Asamblea Nacional aprobó como Ley No.272, la cual permitía dar ese paso, donde se establecían las reglas de juego sobre la cual se daría la privatización de los diversos subsistemas de energía en el país, tales como la generación, la trasmisión, y la distribución.

El gobierno de Nicaragua vendió la actividad de distribución a la empresa extranjera de origen española,UNION FENOSA Internacional en Octubre del 2000, convirtiéndose en la exclusiva distribuidora y comercializadora de energía eléctrica en el país. Ella compra potencia y energía a 5 generadoras en Nicaragua, en base a acuerdos firmados por ENEL antes de que UNION FENOSA obtuviera la concesión de distribución por 30 años.

Lo que las partes involucradas omitieron sin embargo, fue analizar con crudeza el estado en que se encontraba la infraestructura generadora y por tanto, tomar en cuenta que ya Nicaragua tenía unas tarifas de energía muy poco competitivas, y que si no se trabajaba de manera simultanea en el desarrollo de nuevas capacidades energéticas de carácter más económicas, tarde o temprano llegaríamos a tener la situación que hoy enfrentamos, en donde por seguir dependiendo de energía costosa, Union Fenosa exigiría un reajuste tarifarío que impacta en el consumidor de una manera sumamente grave.

La realidad es que en gran parte del 2000-2001 las plantas generadoras de ENEL han venido presentando alarmantes índices de indisponibilidad para suministrar la energía requerida en el país, y Unión FENOSA ha tenido que comprar la energía a costos muy superiores de los inicialmente calculados. Ya que si ENEL no genera la energía, esta se tiene que comprar de otros suplidores que tienen que usar diesel, lo que se hace con costos muy elevados.

Lo que es evidente, que las actuales tarifas que Unión FENOSA aplica en el marco de la Ley ya en si son sumamente altas para todo tipo de usuario, pero aún así, no son adecuadas para que la empresa extranjera de distribución pueda tener el margen de ganancia que ella estimó como aceptable para poder hacer la inversión inicial y la que tendrán que continuar realizando en nuestro país de acuerdo a los términos del contrato de radicación de Union FENOSA en Nicaragua.

Pero ello no es por culpa de los usuarios, y por tanto pretender imponerle en sus hombros un reajuste tarifario de alguna magnitud adicional , no es ni prudente ni aconsejable. Antes bien, el país demanda tarifas más competitivas para que el pueblo pueda pagarlas, y pueda así acompañar el desarrollo de esta importante inversión extranjera. Pero dicho lo anterior, tampoco es culpa de la empresa extranjera que de buena fé invirtió en la compra de la empresa de distribución, donde ella tiene que adquirir la energía que llega a nuestras fábricas, centros de trabajo y de nuestros hogares, a precios altos, por la naturaleza que tienen esas fuentes de energía.

¿Entonces a quien le toca pagar estos "platos rotos"?, son responsables de esta situación por un lado los organismos internacionales que presionaron para que se ejecutara esta privatización sin tomar en cuenta el estado tan alto en que ya tenían las tarifas para el usuario nicaragüense. También son responsables las autoridades tanto gubernamentales como de la asamblea nacional, que no previeron que mientras no se diera un fundamental cambio en la generación de energía, cualquier privatización de la distribución ocasionaría que ésta tendría que ajustar sus tarifas a costa del pueblo ya empobrecido, y de un sector empresarial altamente frágil.

Por lo que debió crearse un proceso de transición que incluyese la creación de un fondo con recursos no reembolsables, que permitiese facilitar sin imponerle a los usuarios mayores ajustes de los que ya había tenido que enfrentar y que facilitara un transito hacia un cambio de la estructura de generación de energía.

Ese fondo de recursos aportados por quienes imponen la privatización, es de donde debió de salir el pago de esos platos y no el pueblo nicaragüense.

Los organismos internacionales ya tienen un record de desaciertos en sus propuestas a países como el nuestro, que ya rayan en la inconsecuencia. Mientras tanto, miles de dólares se gastan en estudios, asesores, que vienen únicamente a reproducir sus recetas ya gastadas, y nadie los hace responsables de sus acciones. Las consecuencias de estas equivocadas recetas, como ¡!era privatizar ya!!, no importa a que costo!, tienen que ser asumidas por quienes las imponen, y por ello le toca al Banco Mundial y al BID asumir el mismo por no haber considerado a tiempo la necesidad de crear un fondo de transición para crear las condiciones de cambio que requería desde un comienzo, la estructura productiva de energía que tenía Nicaragua.

Por otro lado, creo que es hora que los electores demandemos de las autoridades tanto gubernamental como de los representantes electos, que asuman en su carácter personal sus responsabilidades, por sus acciones u omisiones. Aquellos que apresuradamente introdujeron en el nombre del Gobierno, como aquellos diputados que votaron en favor de la ley de Energía sin ver la repercusión que la misma traería al pueblo de Nicaragua deberían asumir parte del pago de estos platos rotos.

Pero en el realismo de las cosas, la pregunta todavía sigue pendiente, ¿como se hace para que Nicaragua siga siendo atractiva para la inversión extranjera que ya invirtió en medio del retrazo tecnológico que vive?, por un lado se requiere que los marcos de acuerdos se respeten, pero que al mismo tiempo, se busque la formación del fondo de transición antes señalado, como la fuente para cubrir el reajuste que Unión FENOSA está requiriendo, sin trasladarle al usuario más ajustes por concepto de energía, los cuales después se traducen en aumentos en precios de los otros servicios. Esto requiere de una solución más compleja de la de simplemente decretar un incremento tarifario que impacte en los escuálidos bolsillos no solo de los pobladores sino también de las frágiles empresas, agrícolas, comerciales, e industriales que todavía existen en este país.

Managua, 10 de diciembre de 2001.