JUNTEMOS LA VOLUNTAD DE TODA LA NACION PARA INICIAR LA TAREA DE REDUCIR LA CORRUPCION QUE EMPOBRECE A NICARAGUA

Recientemente un organismo internacional clasificó a Nicaragua como uno de los países latinoamericanos más afectados por la corrupción. Sujetivo o no ese juicio, la verdad es que la percepción está ahí, guste o no, y hay que cambiarla.

Unos piensan que basta con pronunciarse en contra de ella, y que si bien la corrupción atenta contra el desarrollo de nuestro país, hay que esperar que vengan nuevas generaciones a quienes hay que inculcarles nuevos valores, para que la corrupción se pueda eliminar. Otros pensamos que eso no es suficiente, que se necesita pasar a la acción ya , y buscar para ello el apoyo y consenso de voluntades de todo el país, a manera de realizar una profunda transformación de los elementos que inciden sobre ésta gran enfermedad que afecta a nuestra sociedad.

Considero que si en la mente de algún dirigente político se cobija la idea de una nueva reforma a la actual Constitución del país, esa reforma debe de ser prioritariamente para eliminar de nuestra carta magna, el derecho a la INMUNIDAD que se le otorga a los principales funcionarios del Estado Nicaragüense, desde el Presidente de la República, Ministros, Vice Ministros, hasta el último Magistrado, y Diputado (a) que tiene el país. No puede haber nadie por encima de la ley si queremos iniciar esta gran jornada de reducir la corrupción. Pero ello solo no resuelve el problema, lo anterior tiene que estar obligatoriamente acompañado de una Profesionalización y Apartidarización del Poder Judicial a lo inmediato.

Apartidarizar el poder judicial significa, que los jueces y magistrados deben de revestirse de su compromiso con la Ley, y únicamente con la Ley. Sus sentencias deben de ser el resultado de una concienzuda aplicación de ésta, al margen de las presiones políticas y partidarias, al que permanentemente están sujetos en el actual régimen. Donde urge eliminar la intromisión de "los comisarios" de uno y otro partido, que influyen hasta con sus avales para decidir quién de los profesionales del Derecho, deben o no ser escogidos para tal o cual cargo, afianzándose el requerimiento de dependencia partidaria, y su sometimiento a ella, como condición necesaria para ser parte de ese poder. Los comisarios son hoy el principal enemigo de la institucionalidad, y por ello se necesita la voluntad política de todos, incluyendo ellos mismos, para ir terminando con esas funciones que se arrogan algunas figuras cercanas al circulo del poder político.

Por tanto, la profesionalización del ejercicio del Derecho es una pieza trascendental de todo este esfuerzo. Esto requiere además que las asociaciones de abogados y juristas, actúen con beligerancia y profesionalismo, al margen de caprichos ideológicos o partidistas, para que sea a través de ellos el eslabón natural para calificar a cargos de este poder, por encima del papel que hasta hoy se han abrogado los partidos políticos.

También ésta lucha inmediata contra la corrupción requiere, que se revise la ley actual de la Contraloría de la República, para eliminar el límite de cinco años que ésta ley impone para poder revisar la actuación del funcionario público. El funcionario público es un servidor del pueblo, y su accionar debe estar siempre sujeto al escrutinio del pueblo. También las influencias de los "comisarios" en esta entidad del Estado, tiene que ser eliminada.

Es caminando en estas direcciones que todos los ciudadanos comenzaremos a contribuir en la reducción de éste mal que nos afecta, el cual detiene el desarrollo del país, y que al perpetuarse, afianza el empobrecimiento material y moral de nuestra nación.

Managua, 19 de Julio del 2001